martes, 16 de julio de 2013

Aumentan las quejas por los servicios de luz, gas y agua

No está la vida para pagar de más, sobre todo en los gastos imprescindibles de cualquier familia murciana, como la luz, el agua o el gas. Por eso, la Dirección General de Industria, Energía y Minas lleva a cabo inspecciones del servicio que ofrecen las diferentes empresas de suministros, con el fin de que la facturación al consumidor sea siempre la correcta. Estas inspecciones se inician, en la mayoría de los casos, a partir de las denuncias de los particulares, que pueden tramitar las reclamaciones a través de la ventanilla única de los organismos de la Comunidad, del teléfono de atención al ciudadano 012 o de la página de Internet www.carm.es con el DNI electrónico o el certificado digital.
BALANCE DE 2011
1.503 expedientes se tramitaron para garantizar la calidad del suministro de servicios públicos.
4% de las inspecciones terminaron en sanciones a empresas o a usuarios por irregularidades.
6% terminó con una resolución oficial que imponía a las partes la solución al problema.
8% se solucionó con un acuerdo.
27% de las actuaciones necesitaron la intervención con actas e informes de los técnicos.
El consejero de Universidades, Empresa e Investigación resaltó ayer uno de los aspectos relacionados con las reclamaciones, que tiene que ver con la liberalización del sector energético. «Se han creado compañías con actividades complementarias pero separadas, como son las empresas distribuidoras por un lado y las comercializadoras por otro, aunque bajo marcas comerciales comunes, lo que ha contribuido a aumentar la confusión entre los consumidores de gas y electricidad, así como el desconocimiento de cuáles son sus derechos», explicó José Ballesta. En los próximos meses, la Consejería pondrá en marcha un espacio en su web para ofrecer toda la información relacionada con estos servicios, para identificar los tipos de empresas que existen y su función, y orientar al usuario sobre las clases de contratos o los apartados de las facturas.
Ballesta hizo balance de las inspecciones realizadas durante el año pasado y señaló que el 18% de las quejas de los usuarios estuvieron relacionadas con la verificación de contadores, para comprobar que medían el consumo correctamente; el 5% correspondían a mediciones eléctricas y análisis de redes; y el 23% eran sobre la calidad del servicio y la tarificación. Además se recibieron reclamaciones relacionadas con la facturación de los servicios, con una inadecuada atención al cliente, o con la calidad y continuidad del suministro eléctrico, como la existencia de niveles de tensión inadecuados en zonas rurales o dispersas, o cortes provocados por incidentes en la red de distribución.
En 2011, los técnicos de Industria efectuaron un total de 1.503 controles, mil de ellos a instancias de los propios consumidores y el resto de oficio. La mayoría de los expedientes tenían que ver con el suministro eléctrico (899), el servicio de gas (238) y, por último, el agua (57). Los 342 casos restantes estaban relacionados con otros servicios de inspección, como los que se hacen sobre aparatos radiactivos de instalaciones médicas o aquellos de la industria minera. El 4% de los expedientes tramitados, es decir 60, se tradujeron en sanciones a los usuarios o a las empresas. Un 18% de las actuaciones quedaron resueltas por gestiones ordinarias; el 8% se solucionó con un acuerdo entre las partes; un 27% necesitó la intervención con actas e informes de los técnicos, y un 6% se resolvió «por una resolución de la Dirección General que imponía a las partes la solución a esa discrepancia que podían tener», según Ballesta.
El consejero indicó que cualquier ciudadano que crea que su consumo en alguno de estos suministros no se corresponde con lo que se refleja en sus facturas, puede solicitar que se verifique el correcto funcionamiento de sus contadores. Una vez revisados, «si contabiliza de más, la empresa tiene que abonar la diferencia al cliente, mientras que si contabiliza de menos, la compañía facturará al consumidor la diferencia».
El director general de Industria, Energía y Minas puntualizó que «está habiendo un cierto aumento de las reclamaciones porque hay una mayor sensibilización por el incremento del coste de la energía y por la modificación de las compañías». Pedro Jiménez añadió que «en el espacio de un mes se puede dar respuesta a esas quejas, aunque siempre depende de la problemática concreta que presente cada caso».
Contadores electrónicos
Jiménez hizo referencia además a la implantación de los contadores electrónicos, que deberá estar finalizada el 31 de diciembre de 2018 y que ha comenzado en la zona de Cartagena, San Pedro del Pinatar y San Javier. «Se trata de redes inteligentes que podrán comparar las ofertas de las distintas compañías de suministros y que tendrán mejor información. Son más fiables», concluyó.

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