miércoles, 14 de agosto de 2013

El timo de la factura eléctrica o cómo el Gobierno nos estafa

José Luis Benito Alonso
La reforma del sistema eléctrico emprendida por el gobierno se centra sobre todo en el denominado “déficit de tarifa”, es decir, la diferencia entre lo que pagamos los consumidores por la electricidad y el precio que le ha prometido el gobierno a las grandes compañías eléctricas vía decreto, que es mucho mayor. Ojo, no se trata de que estemos pagando a las compañías eléctricas menos de lo que les cuesta producir y distribuir (incluido el beneficio industrial), sino que les pagamos menos de lo que el gobierno les ha prometido.
¿Cómo se calcula la factura de la luz? A grandes rasgos, la mitad de la factura se establece mediante una subasta, teóricamente competitiva y abierta, entre empresas, y la otra mitad la establece el gobierno. Aunque el sistema es bastante complejo y opaco −lo implantó el gobierno de José María Aznar y lo han mantenido Zapatero y Rajoy−, la estafa se comete por tres vías: la subasta, la forma en que fija la tarifa el gobierno y la inclusión en la factura de conceptos que no deberían figurar allí.

En primer lugar, en la práctica, la subasta eléctrica es un “yo me lo guiso yo me lo como”, pues las mismas empresas generadoras de la luz tienen filiales comercializadoras, así que el pastel se reparte entre cinco grandes empresas. Además, el precio que se asigna al kilovatio es el de la fuente más cara que entre en la puja. Así, en vez de pagar en función del costo ponderado según el origen de la electricidad, se paga toda al precio de la más cara, generalmente el carbón o el fuel-oil.
De esta forma, la energía nuclear y la gran hidroeléctrica, que ya tienen sus plantas amortizadas y con costes de generación bajos, reciben unos precios muy inflados, lo que en jerga económica llaman “beneficios caídos del cielo” (rainfalls benefits), de ahí del interés de las grandes compañías por que se siga quemando carbón o petróleo, a pesar de ser fuentes de energía importadas, caras y altamente contaminantes. Así, un megavatio/hora nuclear por el que deberíamos pagar 18€ nos están cobrando entre 40 y 70€.
Es como si fuéramos a una bodega y compráramos 100 litros de vino para encubar, unas botellas de Somontano crianza, otras de Somontano reserva  y una botella de Vega Sicilia y nos facturaran todo el vino a precio de Vega Sicilia (precio prometido por el gobierno a las empresas), aunque nos cobraran todo a precio de Somontano reserva (precio político para no elevar más la factura), por lo que deberíamos la diferencia, ahí está el “déficit de tarifa”. Pues esto es lo que permite el gobierno hacer a las eléctricas.
Siempre se dice que el déficit de tarifa se debe a las subvenciones a las renovables, pero eso no es cierto, pues aunque las renovables reciben primas, lo hacen por kilovatio producido, al contrario que muchas centrales de gas que reciben primas sólo por estar disponibles, no por producción. Además, la entrada de las renovables reduce el precio de la electricidad de las subastas y disminuye los derechos de emisión de carbono que tenemos que comprar, por lo que sale a cuenta subvencionar las renovables, que además generan miles de nuevos puestos de trabajo.
Por otra parte, en la factura eléctrica se incluyen miles de millones de euros en subvenciones a fondo perdido en diferentes conceptos:
Como ya hemos dicho, entre todos hemos pagado más de 2.500 millones de euros, solo en los últimos cinco años, a centrales de gas natural, no por producir sino por estar disponibles, de guardia, es lo que se llama pagos por capacidad.
El los últimos años el gobierno ha subvencionado la puesta en marcha de centrales de cogeneración con carbón, fuel-gasoil, gas de refinería y gas natural, a lo que hemos dedicado, vía factura, más de 5.000 millones de euros en este último quinquenio.
Para retribuir la producción de electricidad en las islas, Ceuta y Melilla, hemos pagado vía recibos más de 7.000 millones de euros en los últimos cinco años, cosa que debería financiarse solidariamente vía presupuestos generales del estado, además para quemar fueloil y gas, en vez de primar a que se instalen energías renovables que hagan a estas zonas extrapeninsulares independientes energéticamente.
En concepto de "interrumpibilidad" hemos regalado más de 2.000 millones de euros  de subvenciones enmascaradas a multinacionales como Arcelor Mittal o Atlantic Copper.
Y hemos pagado más de 10.000 millones en concepto de costes de transición a la competencia, entre ellos los 3000 millones de más que le pagamos a la industria nuclear y que el gobierno no reclama su devolución.
Por último, durante muchos años los consumidores hemos estado pagando, vía recibo, los gastos de gestión de los residuos nucleares.
¿Por qué no deberían cargarnos a los consumidores estos conceptos?
Red Eléctrica Española considera que para asegurar el suministro siempre tiene que haber, al menos, un 10% más de disponibilidad de generación eléctrica del pico de demanda previsto en cada momento. No debe confundirse capacidad instalada con disponibilidad, pues por ejemplo la eólica tiene una gran capacidad instalada, que cuando funciona a pleno rendimiento llega a cubrir el 50% de la demanda eléctrica española, pero no siempre está disponible. La disponibilidad la aseguran las centrales de gas que el gobierno ha primado durante los últimos años, por lo que se han construido gran cantidad de ellas. Ello ha permitido que desde 2008 el margen de cobertura supere con creces el 20% de reserva suplementaria (llegando hasta el 34%), a pesar de lo cual el gobierno ha decidido seguir subvencionando la construcción de más centrales de gas sólo para que estén paradas. Y las empresas encantadas, porque esas subvenciones suponen hasta el 50% del coste de construcción, ya que el gobierno les asegura las primas durante 10 años.
La interrumpibilidad se refiere a contratos que establece el estado con grandes consumidores de electricidad, en virtud del cual se les puede cortar el suministro eléctrico en cualquier momento, como en caso de exceso de demanda o problemas en la red. A cambio, las empresas reciben fuertes compensaciones por su disponibilidad, no por los cortes de suministro. Sin embargo, en los últimos seis años no ha hecho falta echar mano de ese mecanismo debido al exceso de potencia disponible que tiene nuestro país, por lo que sería un concepto prescindible. De hecho, desde 2006 España exporta electricidad a los países vecinos.
La energía nuclear supuestamente es muy barata, entre otras cosas porque las centrales se construyeron gracias a que los gobiernos las subvencionaron con miles de millones de nuestros bolsillos. Si de verdad fueran tan rentables como dicen ¿por qué desde que se acabó la moratoria nuclear en España, en 1997, ninguna empresa ha construido una central nuclear? Por otra parte, la gestión de los residuos nucleares la pagamos entre todos hasta hace algunos años, ahora contribuyen un poco las empresas. Además, la industria nuclear es la única que tiene un límite en sus pólizas de seguro, 700 millones de euros, cosa que no ocurre con otras industrias. Así, en caso de catástrofe, todo lo que supere esa cifra lo sufragaría el Estado (o sea, nosotros). Además, el gobierno (o sea nosotros) subvenciona el 90% de las primas que pagan las nucleares a las compañías de seguros. Además, el gobierno se va a hacer cargo de construir un almacén temporal de residuos nucleares que pagaremos entre todos, cuya vida será de cientos de años.
Por otro lado, el gobierno del PP se ha dedicado a torpedear sistemáticamente a las renovables, quitándole primas, un sector en el que éramos líderes y que estaba generando miles de puestos de trabajo y que nos ayudaría a salir de la crisis. Para remate, el borrador de decreto de autoconsumo de energía fotovoltaica, es una nueva traba para el desarrollo de las renovables pues introduce un peaje, llamado "de respaldo", que hace más caro económicamente producir tu propia energía que comprarla en la red. El gobierno en vez de permitir ahorrar a sus ciudadanos produciendo su propia electricidad, nos obliga a seguir dependiendo de las grandes compañías. Mientras en el resto de los países más desarrollados de Europa se prima al pequeño productor y el autoconsumo, en España el gobierno del PP lo penaliza y lo criminaliza, pues quieren poner multas de hasta 30 millones de euros. Es inaudito.
Y para finalizar diremos que hace solo unos días, trescientos diputados neutralizaron en el Congreso una propuesta de Izquierda Plural que proponía realizar una auditoría energética para saber cuánto cuesta cada tipo de energía y dónde podemos ahorrar. El PP se opuso y el PSOE se abstuvo, por lo que la proposición no salió adelante.
Se preguntarán qué interés han tenido los últimos gobiernos en favorecer a las grandes empresas eléctricas. Sólo tienen que ver cuántos ministros, exministros y altos cargos de gobiernos anteriores hay en sus consejos de administración.
fuente: www.pirineodigital.com

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